El pasado 20 de Noviembre, Ana Mato, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, anunció durante la clausura del I Congreso del Interés Superior del Menor, celebrada esta tarde en Madrid, que "La guardia voluntaria, la figura mediante la cual los padres ceden el cuidado de sus hijos a la Administración porque no pueden hacerse cargo de ellos, durará un máximo de dos años. Transcurriendo ese tiempo, el menor volverá con su familia biológica o será declarado en desamparo y se adoptará medidas permanentes de protección, como el acogimiento familiar."
El objetivo es evitar el mayor tiempo posible de los menos en estos centros. "Unos 14.000 niños y adolescentes viven institucionalizados mientras esperan una familia", ha señalado Mato.
Ésta no es la única novedad respecto a las medidas ya anunciada. "En el Código Civil son más duros los requisitos exigidos para ser tutores que para ser adoptantes", ha indicado Adroher. La reforma establece la imposibilidad para adoptar de aquellos que fueran declarados incapaces para ser tutores y de los padres que tengan un hijo biológico o adoptado que esté guardado o tutelado por las Administraciones públicas. Los progenitores que hayan devuelto a hijos adoptados tampoco podrán volver a adoptar.
"En principio, es un paso que llevábamos 15 años reclamando: poner al menor como sujeto de derecho y no como objeto del derecho de los adultos", manifestó Adolfo García, responsable de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento.
Entre las reformas que el Gobierno pretende aprobar este año 2014 figura la previsión expresa de que la situación de pobres no será en ningún caso la única circunstancia para valorar la situación de desamparo. También destaca la implementación en España de la adopción abierta, un modelo bajo el que el menor podrá seguir manteniendo el contacto con la familia biológica.
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